Los contribuyentes que han estado en 2020 incluidos en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) han recibido cartas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) recordándoles que como han tenido dos pagadores deberán presentar la declaración de la renta aunque sus ingresos no superen el mínimo exento de 22.000 euros anuales. Ante la sorpresa de los afectados la AEAT aclaró que el Estado a través del SEPE (depende de la Seguridad Social) tiene estatuto de empleador. Para suavizar el impacto de la noticia Hacienda dio una nota de prensa a los medios en la que se destaca que a los que les salga a pagar la declaración del IRPF, podrán hacerlo en seis cuotas sin intereses, como si se tratara de una conquista social.
En los hechos la disposición de Hacienda va a provocar que muchos trabajadores que han visto reducidos sus ingresos y que en condiciones normales no deberían tributar por el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) esta vez lo tendrán que hacer con el riesgo de pagar entre el 10% y el 12% que, de no haber estado bajo la “protección” de empleo de un ERTE, no deberían tributar. De acuerdo con la nota de Hacienda, esta medida puede afectar a unos 327.000 trabajadores. La cuestión es que como el SEPE no hace retenciones a cuenta del IRPF como se hace en los sueldos, muchos trabajadores se verán afectados porque superarán el mínimo y la declaración les dará a pagar.
Esta es una verdadera jugarreta del Gobierno, porque las ayudas como el Salario Mínimo Vital y las otras percepciones con carácter de subsidio también suman y se deben declarar como si se tratara de empleos adicionales. Mientras tanto el Gobierno “más progresista en la historia de España” eximió a los empleadores de las cuotas sociales y del pago de los salarios a los trabajadores que se acogieron a los ERTE al completo, o de forma parcial a los que trabajaron parte de la jornada, en un verdadero saqueo a las cuentas de la Seguridad Social en beneficio de los capitalistas. Sin embargo a los trabajadores los va a castigar fiscalmente para recuperar lo que pueda del dinero. Esto es una verdadera transferencia de los recursos de los trabajadores saqueados a los capitalistas, porque además la parte de la cuota social de los trabajadores que mantuvieron una jornada a tiempo parcial fue a parar a las arcas del estado, a diferencia de lo que ha ocurrido con los empleadores. Se trata desde luego de una operación de salvamento al capital. No debería sorprender esta hipocresía del gobierno después de asistir a la fusión de CaixaBank con Bankia. El rescate de éste costó al estado 24.069 millones de euros de los que sólo se recuperaron poco más de 3.000 millones.
El PCE integrado al aparato del estado burgués
Mientras tanto el secretario general del Partido Comunista Español (PCE), Enrique Santiago, entra al gobierno como secretario de Estado de la Agenda 2030, un paso más en la integración de la izquierda al aparato del estado capitalista. El vicepresidente Pablo Iglesias se larga del gobierno a ver si salva a Podemos de la catástrofe electoral en la Comunidad de Madrid, y su sucesora la vicepresidenta tercera Yolanda Díaz cocina una reforma laboral a espaldas de los trabajadores. Si algo faltaba para desnudar el papel de Unidas Podemos en el Gobierno vino Hacienda a ratificarlo… el disfraz izquierdista de la verborrea de UP no alcanza para tapar las puñaladas traperas a los intereses de los trabajadores. Toda la operación encaja en la más pura lógica capitalista: amparan a los bancos para que cobren comisiones desmedidas y compensen lo que no les entra por intereses mientras eximen a los capitalistas de pagar su parte de los seguros sociales y esquilman fiscalmente a los trabajadores.
Un régimen fiscal injusto grava al trabajo y exime al capital
Pero además, el sistema fiscal español se basa en la tributación de los trabajadores que por su carácter de empleados ven retenida de su nómina pagos a cuenta del IRPF, al igual que los autónomos falsos o reales, y acabarán tributando por sus ingresos reales. La amplia base de la tributación la soportan esos trabajadores asalariados que por ser los más numerosos suponen el grueso de los ingresos de Hacienda. Mientras tanto por norma general el tipo fiscal del impuesto de sociedades es del 25% sobre el beneficio. Pero de este porcentaje las grandes empresas por exenciones y desgravaciones diversas acaban tributando de media un 15%, además de tener la potestad de aparcar parte del beneficio fuera del país en paraísos fiscales. Por añadidura ciertos instrumentos fiscales como las Sociedades y Fondos de Inversión, Fondos de activos bancarios, SICAV y Fondo de regulación del mercado hipotecario: solo pagan el 1% de su beneficio a Hacienda . Además las SOCIMI en las que las grandes fortunas aparcan su patrimonio inmobiliario tributan el 0%.
El IRPF para los trabajadores es un verdadero impuesto al salario doblemente injusto. Porque de un lado las grandes fortunas y las grandes empresas tienen un trato de favor. Del otro porque el salario de los trabajadores no es una ganancia empresarial. Los capitalistas retribuyen sólo una parte del trabajo ejecutado para producir para el empleador. La parte del trabajo no pagado es lo que el capitalista se queda, la plusvalía, que acumula bajo la forma de beneficio empresarial. Por lo tanto el régimen fiscal se viene a sumar como una carga más sobre un salario que no retribuye el tiempo total de trabajo. Los trabajadores debemos exigir un impuesto progresivo a las grandes fortunas y a los capitalistas y la eliminación del IRPF para los trabajadores. El presupuesto del estado lo deben pagar los explotadores y sus empresas y no los trabajadores.
Por un impuesto progresivo a las grandes fortunas y a las empresas
Que el presupuesto del estado burgués lo paguen los ricos y no los trabajadores
Por la eliminación del IRPF sobre el trabajo personal de los asalariados
Por la inmediata eliminación de las comisiones bancarias
Por la nacionalización bajo control obrero de los bancos
